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Se firmaró un convenio de cooperación con la UNIÓN EUROPEA por parte de ALDEAS INFANTILES SOS, IACi e INAU, para la ejecución del proyecto "EQUIDAD DE GÉNERO Y GENERACIONAL EN LAS POLITICAS DE CUIDADO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL URUGUAY" durante los años 2012, 2013 y 2014.

El objetivo general del proyecto es que en el diseño y desarrollo de las políticas integrales de cuidado de nuestro país se incluyan planes, programas y acciones que atiendan las situaciones de niñas, niños y adolescentes privados total o parcialmente del cuidado familiar, desde un enfoque de derechos y garantizando la equidad de género y generacional.

Las acciones previstas están dirigidas a cambiar el marco legal y cultural desde el cual se abordan las situaciones, dejando de lado la atención asistencial tutelar para dar lugar a modelos alternativos que comprendan y atiendan las causas y factores que originan la problemática.

Se analizará un caso de indemnización por responsabilidad jurisdiccional del Estado por prisión indebida sufrida por un adolescente sometido a proceso por infracción a la ley penal.

Responsabilidad objetiva del Estado:

• Art. 24 de la Constitución.
• Ley 15.869,art. 4º.
• Naturaleza del Proceso Adolescente por infracción a la ley penal.
• Inimputabilidad y Responsabilidad penal de los Adolescentes a partir del CNA.

Habiendo trascurrido más de un lustro desde que el Uruguay iniciara el proceso de estructuración de un sistema penal juvenil acorde con el propio texto de su Constitución y con la Convención sobre los Derechos de los Niños, se continúan observando en dicho ámbito la persistencia de prácticas que importan graves vulneraciones a los derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Las prácticas vulneradoras son consecuencia de inadecuadas soluciones normativas dispuestas por el legislador, tanto en aspectos sustantivos como adjetivos del sistema, y en la subsistencia de obsoletas concepciones tutelares, paradigma ideológico que sigue orientando la praxis de la mayoría de los operadores.

Sin duda, es en la etapa de ejecución de las medidas o sanciones donde acontecen las más graves violaciones a los derechos subjetivos de los adolecentes.

Tales violaciones fueron constatadas por el Relator Especial de Naciones Unidas, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak, en ocasión de su visita al país el pasado año, al comprobar las condiciones en que se encuentran de los adolescentes privados de libertad.

Muchos son sometidos a un régimen de encierro compulsivo por el lapso de hasta 22 horas diarias en sus celdas, lo que obviamente vulnera un amplio elenco de los derechos fundamentales que el Estado se ha obligado internacionalmente a respetar y garantizar.

A ello se agrega la inexistencia de adecuados programas de intervención educativa, lo que produce, sin lugar a dudas, una absoluta desnaturalización de la dimensión teleológica de la pena, la que por expreso mandato constitucional y legal ha de ser esencialmente educativa.

Diversos accionamientos judiciales de naturaleza colectiva e individual se han formulado en el país con la finalidad de remediar la grave situación descripta, los que, hasta el presente, han resultado infructuosos en la mejora de las condiciones de reclusión.

En este contexto, IACI decide emprender la presentación de un accionamiento judicial dirigido a obtener un pronunciamiento expreso de parte del Poder Judicial que determine la ilegitimidad de la referida práctica de encierro compulsivo de los adolescentes y que disponga su cese inmediato, obligando de esta forma a las autoridades administrativas responsables de la privación de libertad a poner fin a dicha praxis vulneradora.

El restringido objeto de la acción fue determinado atendiendo a que la práctica mencionada, opera como un factor desencadenante de otras múltiples y graves vulneraciones de derechos y en el entendido de que un proveimiento judicial al respecto, podría erigirse en un límite jurídicamente infranqueable a la discrecionalidad de la Administración.

Luego de un proceso de análisis y discusión, se concluyó que el instrumento jurídico idóneo medio más eficaz de tuición, es un HABEAS CORPUS CORRECTIVO de naturaleza colectiva a interponerse ante la Suprema Corte de Justicia de la República.

Dicho órgano judicial tiene dentro de su ámbito de competencia originaria y exclusiva el atender la sustanciación de aquellas pretensiones en las que se demande el cumplimiento de alguna de las obligaciones del Estado que éste ha contraído frente a la comunidad internacional.

En razón de ello, IACI interpuso el referido recurso con fecha 27 de abril del 2010, con la finalidad de exigir judicialmente al Estado que ponga fin a la mencionada praxis de encierro compulsivo generadora de graves vulneraciones a los derechos humanos de los adolecentes privados de libertad.

A la fecha, el accionamiento interpuesto se encuentra todavía a consideración del Cuerpo, habiéndose expedido el Sr. Fiscal de Corte en forma negativa respecto de la admisibilidad de la acción.

Como fuera constatado recientemente por el Director Ejecutivo de la Organización Mundial Contra la Tortura, Eric Sottas en ocasión de su visita al país las graves vulneraciones de derechos que se denuncian en el recurso se continúan perpetrando al día de hoy. (Ref)

Documento: Habeas_Corpus_Correctivo_Colectivo.pdf

La Fundación Sur de Argentina e Infancia, Adolescencia Ciudadana (IACI) de Uruguay, organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la Infancia, con el apoyo del Fondo Finlandés de Cooperación, promueven las “Clínicas Jurídicas para la promoción de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina y Uruguay”.

Esta iniciativa binacional, que está siendo implementada en Argentina por Fundación Sur y en Uruguay por el IACI materializa, con especial referencia a la perspectiva de género, el modelo de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y busca transformar la cultura jurídica de los operadores de justicia en general y de los abogados que defienden a personas menores de edad, en particular.

La Clínica Jurídica brinda asesoramiento y asistencia legal gratuita a personas menores de edad en casos concretos en los que se encuentran amenazados o vulnerados los derechos de dicha población.

La atención a las niñas será prioritaria en la medida en que las mismas se encuentran generalmente en una situación de mayor indefensión por causas vinculadas con el abuso sexual, la violencia doméstica, la trata y la explotación sexual, sumado, generalmente, a una mayor vulnerabilidad social a causa de la pobreza de sus familias. En este contexto las niñas suelen asumir las tareas domesticas y el cuidado de sus hermanos cuando sus padres trabajan, dejando tempranamente la escolaridad. Además de los peligros de situación de calle que padecen tanto niñas y niños, a las primeras se les suma la problemática del abuso.

Asimismo, la Clínica Jurídica funciona como espacio de formación en el que profesionales del derecho pueden capacitarse y especializarse en la temática y a la vez realizar planteos judiciales que favorezcan, no solo sentar antecedentes jurisprudenciales para evitar en el futuro situaciones similares, sino además evaluar y desarrollar procesos de reforma en cuestiones vinculadas a la protección de los derechos de la infancia.

Documento: Gacetilla_de_prensa_2.pdf